TERCER DÍA DE EXPOSICIONES

El tema del que voi hablar, y del que previamente hablaron mis compañeras en clase, es el de la corrupción. Plasmare información que he buscado y considero importante. Me centro principalmente en la corrupción de nuestro país en el ámbito político, que creo que nos afecta de una manera muy directa y más en el día de hoy debido a la crisis en la que nos encontramos.

En todos los sistemas políticos hay corrupción: es tan consustancial con la política como el monóxido de carbono con el automóvil. Por ello, en las democracias avanzadas, existen leyes que regulan la actividad interna de los partidos políticos. Esta regulación impone los mecanismos de reciclaje de toxinas que permiten que la democracia siga funcionando de manera saludable. El nivel insoportable que ha alcanzado la corrupción política en España se debe a la ausencia de reciclaje de los residuos tóxicos que generan nuestros partidos. La democracia española es como un cuerpo sin riñones o un coche sin tubo de escape.
La ley española de partidos políticos está vacía de contenido y permite que, en la práctica, los partidos se autorregulen. Esto es una anomalía gravísima e insólita en las democracias avanzadas. Los partidos políticos no deben autorregularse porque son entidades especiales a las que se les reconoce el monopolio de la representatividad política y se financian con recursos públicos. Este reconocimiento no debe darse sin un riguroso control legal para evitar que los partidos acaben, como en España, convirtiéndose en élites extractivas.
En España los congresos los convocan las direcciones partidarias cuando les conviene, los candidatos son nombrados por cooptación, gran parte de los afiliados son cargos públicos o allegados, las auditorías las hace el Tribunal de Cuentas —cuyos miembros son nombrados por los partidos— con años de retraso… ¿Por qué no hay sistemas de dragado de residuos en la política española? Porque en la Transición se decidió potenciar la estabilidad de los partidos cediendo un poder casi ilimitado a sus cúpulas dirigentes. Pesaba mucho el recuerdo de la inestabilidad política durante la II República y se confiaba en que partidos estables dieran lugar a una democracia estable. Además, se creía que este tipo de partidos era una garantía de unidad política ante el proceso descentralizador del Estado de las Autonomías. Hoy hay que reconsiderar esa decisión, porque el precio que se ha pagado por ella ha sido excesivo.
La falta de competencia interna y de control externo en los partidos españoles ha tenido dos consecuencias. Primera, una corrupción a la que no es posible poner límites y que tiene efectos cancerígenos. No se trata de cargos cometiendo delitos o de partidos buscando dinero extra. Se trata de empleados y políticos integrados en los aparatos que los utilizan para enriquecerse sin control o para conseguir ingresos adicionales escapando al control de Hacienda. De la corrupción individual se ha pasado a una fase institucional. La segunda consecuencia ha sido la degeneración de la competencia técnica y capacidad de liderazgo de nuestros políticos, cooptados en base a su fidelidad a las cúpulas en cada vuelta del torno electoral con grave detrimento de su iniciativa e independencia de pensamiento, pese a la supervivencia en los engranajes partidarios de muchas personas capaces y honestas.